¿Derecho, dices? ¡Lo que tienen es obligación de «violar la intimidad de sus hijos en el móvil»!

Interesante entrevista al juez de menores Calatayud publicada en la revista Eclesia

—¿Son un problema las «pantallas»?

—Las pantallas, sobre todo el móvil, son una droga. Ojo, para los menores, pero también para los mayores. Si te fijas, hasta en las sesiones del Congreso, el propio vicepresidente (Pablo Iglesias), se pasa la sesión parlamentaria pegado a su teléfono. Y te diré más, además de una droga, el móvil es un instrumento para cometer delitos: acoso escolar, bulling, violación de intimidad… y además un instrumento para ser víctima de ellos; amenazas, extorsiones… Date cuenta de que a través de las pantallas, y me refiero también a las redes sociales, son un expositor donde la gente cuelga su intimidad. Niños de 12 años muestran sus fotos en ropa interior (y también sin ella) en un alarde erótico festivo. No tienen derecho a la intimidad porque ellos mismos la exponen.

—¿Tienen los padres «derecho» a controlar los dispositivos de los hijos para impedirlo, o al menos orientarles en estas cuestiones?

—¿Derecho, dices? ¡Lo que tienen es obligación de «violar la intimidad de sus hijos en el móvil»! Pero vamos a ver… ¿quién les paga el móvil a los chavales de 12 años?, ¿sus padres, no? Pues los mismos padres son los responsables de los delitos que pueda cometer el hijo a través de su dispositivo. Es preferible que te denuncie tu hijo por mirarle el móvil que un juez te involucre en un delito mucho mayor que ha cometido el niño a través de él. ¿Qué hace una criatura de 8 o 9 años con un móvil? Perdóname, pero la culpa en este punto es de los padres, que permiten que el regalo estrella de las comuniones sea el «dichoso» teléfono. Son inconscientes e inmaduros y tienen toda la red al alcance de su mano y los padres, «que están a otra», no saben ni lo que miran sus hijos. Mientras los padres respondan por ley de lo que hacen sus hijos, los padres son responsables de lo que han hecho ellos con el móvil. Ahora, eso sí, si la ministra (Isabel Celaá) dice que los hijos son del Estado y no de los padres, la cosa cambia, que le imputen los delitos de los hijos a ella, que se los lleve a su casa o al Ministerio.

—El proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia presentada el 9 de junio en el Consejo de Ministros volvió a dar protagonismo a esas declaraciones de la ministra a las que acaba de aludir. ¿De quién son los hijos entonces?

—Mira, para empezar yo no me fío del Gobierno ni de un «anteproyecto» de ley. Hasta que no esté publicada, este Gobierno «donde dice digo, luego dice Diego». En el espíritu de todas estas leyes que están aprobando flota ese propósito del que habló la ministra. Los hijos no son propiedad de nadie, pero sí son responsabilidad de los padres, de la misma forma que somos responsables de su educación. Si no es así, el Estado debería asumir claramente la responsabilidad de los hechos que cometan los menores. Que los críen y los eduquen ellos. Mientras que no sea así, dentro de los límites legales yo tengo que tener la libertad de educar a mis hijos como yo quiera, ni más ni menos.

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